Reforma de pensiones: dudas sobre el efecto macro

Luis Felipe Lagos

El proyecto de reforma de pensiones se acompaña de un análisis de sus efectos macroeconómicos. Se concluye que los impactos de largo plazo serían un aumento del PIB per cápita de 1,1%, de 1,3% en la tasa de ahorro total y 2% en el empleo formal. Más aún, sorprendentemente, los impactos serían mayores a los que se obtendrían de una reforma que destinara el 6% de aumento en la cotización a la capitalización individual.

Estos resultados dependen crucialmente de suponer que no existe reparto en el equilibrio de largo plazo, esto es, todo el 6% se destinaría a un fondo de ahorro colectivo que se capitaliza, y de un efecto muy significativo en la oferta de trabajo que permite aumentar el flujo de ahorro y la inversión, lo que posibilita incrementar el stock de capital y el PIB.

Al elevar la tasa de cotización se obliga a las personas a un mayor ahorro forzoso, por lo tanto, el ahorro voluntario cae en una cierta proporción. Por consiguiente, el ahorro total aumenta menos que el incremento en la cotización, siempre y cuando estos recursos no se destinen a reparto, en cuyo caso el ahorro total y el PIB disminuyen. La reforma de pensiones sí contempla reparto por un largo período de tiempo, efecto que no es considerado en los cálculos de Hacienda.

Por otra parte, tampoco se incluye el hecho de que para algunas empresas no será posible traspasar, al menos completamente, el mayor costo que representa el aumento de cotización a menores reajustes de salarios o mayores precios finales, con la consiguiente disminución de sus utilidades y ahorro. Por lo tanto, el ahorro total podría estar cayendo durante el período de reparto. Con todo, aumentos en el ahorro no se reflejan totalmente en mayor inversión doméstica en una economía abierta, y parte del mayor ahorro puede destinarse a inversión en el exterior.

El efecto sobre el empleo formal depende de la relación que esperen los individuos entre sus aportes al sistema previsional y los beneficios obtenidos. A menor relación entre ellos, más negativo será el impacto sobre la oferta de trabajo formal. Los aumentos en el empleo formal que calcula Hacienda suponen un efecto positivo sobre la oferta, debido a que los beneficios del seguro social son condicionales a los aportes que realizaron los trabajadores durante su vida laboral formal. No obstante, esto no tiene sustento empírico.

En primer lugar, dado que los beneficios son sólo una promesa -al destinarse los fondos de la cotización adicional a una cuenta nocional (un registro) donde no hay propiedad ni herencia, y no a la cuenta individual del trabajador-, esto lleva a que la percepción sería una relación débil entre aportes y beneficios, y por consiguiente, un efecto menor sobre la oferta laboral. Incluso, el propio proyecto considera que los beneficios deberían ajustarse en el caso de que el pilar de seguro social tuviera problemas de sostenibilidad.

Adicionalmente, dado que la PGU es una pensión no condicionada a haber contribuido al sistema, su incremento llevará a mayor informalidad. Los resultados de un estudio del Banco Central de 2017 contrastan con los presentados en el proyecto de reforma. En dicho estudio, el empleo formal cae al evaluar un esquema de ahorro con redistribución intrageneracional, similar al de la reforma.

Por último, si consideramos que la eficiencia y rentabilidad del sistema de capitalización individual son superiores al fondo colectivo, sus efectos sobre PIB, ahorro, trabajo formal y pensiones serán mayores.